Con la vuelta de Lagos a la política contingente, se han redoblado la fuerza a las críticas al aún vigente Crédito con Aval del Estado que como presidente firmó en ley el 2005. Muchas de ellas tienen gran urgencia: como país debiéramos hacer mucho más y mejor que condenar a miles de estudiantes a deudas de altos intereses como única opción para cursar sus estudios. Se han presentado mejoras sustantivas al sistema de créditos, como el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera que quitaba la administración de estos de los bancos y la pasaba al Estado, limitando las cifras a pagar a un porcentaje del sueldo de cada persona y asumiendo que si este sueldo era muy bajo, no se pagaba nada. Pero, lamentablemente, esquemas de ese tipo requieren recursos del Estado que hoy han sido absorbidos completamente por el énfasis en torno a la gratuidad que hoy beneficia a una porción de los estudiantes de Chile. El proyecto duerme el sueño de los justos en el congreso y el gobierno de Bachelet no ha movido un dedo para mejorar los créditos estudiantiles.
La lógica política pareciera ser que cualquier mejora al sistema de créditos va en un sentido diferente al objetivo de la educación superior gratis para todos y, por lo tanto, no es prioridad. Una lástima condenar así a tantos miles de profesionales y actuales y futuros estudiantes a peores condiciones que las que ofrecemos como país.
Pero la crítica necesaria a lo que hoy tenemos se transforma en otra cosa cuando se afirma retroactivamente que el CAE fue negativo para Chile. Y esa convicción, que se ha tomado la opinión pública como fuego en pradera de pasto seco, está profundamente equivocada. Aquí se ocultan desde desconocimiento histórico básico, hasta un enferborizado clasismo.
Antes de ser el CAE propuesto como nueva política pública, la realidad de financiamiento de los estudiantes era precaria. Las becas eran escasas y solían financiar hasta el arancel referencial. Es decir, una porción de lo que las universidades le cobraban realmente a los estudiantes. Para quienes no obtenían becas estaba el tradicional crédito solidario que tenía buenas condiciones para quienes tenían el privilegio de atender a una de las universidades del cartel público-privado del Consejo de Rectores. Pero también sólo financiaba hasta el arancel referencial. Para todos quienes estudiaban en universidades fuera del Consejo de Rectores o para complementar lo que becas y crédito solidario no financiaban, estaban los créditos CORFO, que son tratos indirectos con bancos para los que había que tener un aval que el banco respectivo reconociera. Quienes no contaban con aval bancario (generalmente los más pobres) podían intentar buscar financiamiento bicicleteando tarjetas de crédito de multitiendas que tenían menores exigencias pero que estaban al borde de (o superando) la usura. Esto dejaba a muchos estudiantes fuera de las condiciones mínimas para poder solventar una carrera, dejando a una parte importante de la población en la práctica (y salvo casos excepcionales) excluida de estudios superiores o arruinada en el intento.
El CAE lo que hizo fue mantener las condiciones de altos intereses que cobraban los créditos CORFO, pero supliendo la necesidad de un aval. Esto abrió las puertas de par en par para que un porcentaje importante de la población chilena que no tenía ninguna posibilidad de estudiar, pudiera hacerlo. Fue un desproporcionadamente fantástico negocio para los bancos y para universidades buenas y malas, que explotaron en matrícula. El crédito fue el causante de que cientos de miles de profesionales hoy tengan pesadas mochilas financieras que les costará décadas y muchísimo esfuerzo solventar. Pero también fue la razón de que pudieran estudiar. Sin el CAE, muchos hoy tendrían deudas aún mayores (vía tarjetas de multitiendas) o simplemente no tendrían estudios a su haber.
Decir que Chile hubiera estado mejor sin CAE, entonces, es afirmar que quienes entraron a estudiar exclusivamente gracias a él hubieran estado mejor sin sus estudios.
Pero de algo solemos olvidarnos: nadie tomó un crédito CAE bajo coerción. Era la única manera viable que cientos de miles tuvieron de cursar estudios superiores. Las condiciones eran conocidas y tomaron la decisión como adultos en forma voluntaria. El criticar esa decisión desde la comodidad de una vida de élite donde el acceso a la educación superior nunca estuvo amenazado no es sólo fácil e injusto, sino profundamente clasista.
Escoger entre ser un profesional con deuda o alguien sin estudios ni deuda suele ser una fácil decisión para cualquier chileno, y así lo fue para cientos de miles hoy profesionales endeudados. Incluso con la enorme y justa crítica a la calidad de buena parte de la oferta de educación superior, la diferencia de ingresos entre personas que cursaron estudios y quienes no, sigue siendo demasiado elevada como para poner la respuesta a este dilema en cuestión. Pero incluso con todo lo anterior, el crédito abrió la puerta de la educación superior para la gran mayoría de los chilenos más pobres que hasta antes de esta posibilidad, veían completamente cerrada. Hicieron que los recursos familiares fueran una razón mucho menos pesada que antes para acceder o no a los estudios superiores. Y eso es siempre una buena noticia.
Los argumentos que se enarbolan para decir que la implementación del CAE fue más negativa como positiva, son de varios tipos. Algunos afirman que “el pobre queda peor tras estudiar”. Pero, salvo contadas excepciones, la diferencia de ingresos entre quienes tienen estudios y quienes no es tan grande en Chile, que incluso los altos pagos de las cuotas del CAE no logran hacerle mella significativa. E incluso en los casos en que efectivamente quedan peor, él escogió hacer la apuesta. Asumir el error en las decisiones de “los pobres” es no entregarles dignidad de iguales, no muy diferente a quienes argumentaban a favor del voto censitario.
Otros afirman que “los estudios no son para todos”, con lo que estoy de acuerdo. Pero creer que la barrera socioeconómica-familiar de acceso que el CAE viene a debilitar es una barrera válida para limitar a quienes estudian, es arbitrariamente clasista. Otros afirman que “benefició más a los bancos que a los estudiantes”, lo que puede ser verdad. Pero creer con ello que el no beneficiar a los bancos es razón suficiente para evitar que personas accedan a su educación es uno de los más horrorosos ejemplos de aplastar el bienestar social con el peso las convicciones políticas personales. Otros se burlan de las múltiples carreras de poco valor social o empleabilidad que aparecieron gracias a la mayor demanda de estudios que trajo el CAE, pero nuevamente, la barrera socioeconómica-familiar es una ineficiente, regresiva, injusta y clasista limitante artificial a la demanda educativa superior. Que la institucionalidad de acreditación para instituciones de educación superior haya sido desde débil hasta corrupta no justifica bajo ningún motivo argumentar la necesidad de limitar socioeconómicamente quiénes puedan o no cursar estudios superiores.
Pareciera que detrás de muchos de los argumentos hay un rechazo a permitir que algunas personas, en particular las de menores recursos, puedan tomar sus propias decisiones para conformar su propia vida. Esos rechazos de clase parecen repetirse de igual manera desde la élite de derecha como en la de izquierda y suelen venir desde quienes no jamás vieron realmente amenazada su posibilidad de cursar estudios superiores, demostrando una profunda incapacidad de ponerse en los zapatos de quienes vieron en su momento en el CAE la única posibilidad de cursar estudios. O al menos, una posibilidad bastante más beneficiosa que las escasas alternativas con que contaban.
En algunos casos, claro, esto no es así. Muchos sí cursaron carreras, o las dejaron hasta la mitad por diversas razones y hoy les pesan deudas que les hacen la vida más difícil de lo que sus estudios se las facilitaron. Muchos de estos casos deben ser abordados desde el Estado, solucionando para muchos de ellos retroactivamente según las nuevas y mejores condiciones de créditos que podamos tener a futuro si es que algún día volvemos a esa senda. Pero más allá de casos particulares, una política pública se evalúa según su efecto general, el cual fue positivo. MUY positivo. Al menos para toda persona que sea capaz de analizarlo sin el peso de experiencias particulares o de anteojeras de enemistad ideológica que no les permitan mirar más allá de la nariz.
Decir que se pudo construir algo mucho mejor el 2005 es muy razonable. Decir que no fue una política pública destacada o de excelencia, como muchas que Chile sí implementó en aquellos años, también es sensato. Decir que debiéramos tener algo mejor hoy es más que razonable, incluso evidente. Pero afirmar que el CAE en su momento causó un daño al país, o demuestra la incomprensión de la historia, o es simplemente clasista. Le duela a quien le duela.
Esto no hace de Lagos un héroe, ni hace que criticarlo sea injusto. Como presidente, hizo su pega en este ámbito en particular: hizo las vidas de muchísimos chilenos un poco mejores al derribar barreras que les impedían surgir. Con eso, terminó develando profundas debilidades institucionales y sistémicas que trajeron grandes problemas, que él mismo no abordó a tiempo y por las que hoy debiera dar explicaciones. Pero criticar el CAE es hacer el loco, o algo peor.