Fin a la diplomacia de las balas de cobre

Volvió la discusión sobre la Ley Reservada del Cobre. Por un lado, la violenta disminución de los precios internacionales del Cobre, ha volcado una renovada luz sobre el 10% de las ventas de Codelco que van a parar en forma directa a la compra de armas mientras el aporte de Codelco al presupuesto nacional se ha reducido a prácticamente nada. Por el otro lado, la revelación de la corrupción de alto nivel que por años ha protagonizado el Ejército para desviar parte de esos fondos recibidos para armas, a los propios bolsillos de parte del alto mando y contratistas cercanos. El ministro Rodrigo Valdés dijo hoy que “no es el momento de iniciar un debate” sobre la ley. Está equivocado. Y la principal razón de su error no está en el daño de mediano plazo que causará la disminución de los aportes de Codelco al fisco, ni en la continua alimentación de las redes de corrupción del ejército con recursos frescos. Está en el daño que cada día de esta Ley Reservada del Cobre causa a la posición de Chile ante sus vecinos y en las relaciones diplomáticas regionales.

Destinar el 10% de las ventas del Cobre para la compra de armamentos tiene dos grandes problemas. El primero es que, salvo en años de precio del cobre extraordinariamente bajo, es muchísimo dinero. En años de superciclo de Cobre, como los que vivimos recientemente, las cifras suelen ser absolutamente desproporcionadas tanto para las necesidades de nuestras FF.AA. como para nuestra realidad país. El 2013, según el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, gastamos 5.440 millones de dólares. Esto es casi el doble de la SUMA de lo gastado el mismo año por Perú + Bolivia (3.200 millones) y bastante más que Argentina (4.510 millones), país de más del doble de nuestra población y casi cuatro veces nuestro territorio. Es más, calculado per cápita, Chile ha sido consistemente el país con mayor gasto militar de la región, superando incluso a Colombia, que ha vivido por décadas en guerra civil y donde partes importantes de su territorio están controladas por facciones en guerra con el Estado.

El segundo gran problema es la absoluta arbitrariedad del gasto. No depende de las necesidades de las FF.AA., ni de la realidad internacional, ni de los ciclos de obsolescencia del material militar, ni de estrategias de largo plazo de ningún tipo. Depende del precio de un commodity en la bolsa de Londres y de la capacidad de nuestra empresa estatal de extraer ese mineral de nuestro suelo. Cuando consideramos la importancia del gasto militar en la relación con nuestros vecinos, dejarla al arbitrio del precio del cobre es demencial: cuando gastamos más, impulsamos a nuestros vecinos a hacerlo también, en detrimento de sus propias necesidades sociales, muchas veces bastante más urgentes que las nuestras. Cuando nuestro gasto es consistentemente mayor que el de ellos (como lo ha sido ya por décadas), la diferencia de capacidad militar genera profundas desconfianzas al poner una pistola sobre la mesa de cualquier conversación bilateral y multilateral.

¿Qué ha dañado más las relaciones regionales? ¿La reciente agenda de líderes de Perú y Bolivia por llevar a tribunales internacionales las desavenencias con Chile? ¿O la presión de gasto y amenaza de armas que por años ha llevado Chile contra sus vecinos? Bien se podría argumentar que la verdadera y mayor amenaza a la paz regional no es el uso de las herramientas legales disponibles, sino nuestro propio gasto militar.

Chile no puede llamarse a sí mismo un país pacífico mientras hostilice a sus vecinos con los gastos militares arbitrarios y exagerados que asegura la Ley Reservada del Cobre. No podemos seguir culpando exclusivamente a nuestros vecinos y sus líderes del conflicto permanente si detrás de nuestras palabras de civilizad, multilateralismo y apego a la ley internacional, llevamos una diplomacia de las balas de cobre apuntadas a sus sienes. Tenemos mejores cosas que hacer con nuestro dinero que invertirlo en seguir dañando nuestras relaciones internacionales. El momento de iniciar un debate sobre la Ley Reservada del Cobre es hoy. No podemos esperar ni un día más. No sólo para terminar con la demencia de relacionar nuestro gasto militar con el precio del Cobre, sino para disminuirlo considerablemente, para invertir más en lo que nos haga un mejor país, no uno para odiar y temer.