Con los fondos de pensiones podemos cambiar Chile

Estamos lejos de tener un sistema de pensiones adecuado o que goce de legitimidad ciudadana. Las duras verdades son: las pensiones en Chile son bajas por acción en dictadura y omisión en democracia. Son bajas porque los sueldos en Chile son bajos. Son bajas porque el dinero que mensualmente sumamos a esas pensiones es poco. Son bajas porque el mercado laboral chileno tiene demasiada informalidad. Son bajas por la baja participación laboral de nuestra población. Y si nos pasáramos a un sistema de reparto, que no solucionaría ninguna de las razones anteriores y que implicaría expropiar los ahorros de las familias chilenas y perjudicar a nuestros hijos y nietos, las pensiones serán tarde o temprano aún más bajas. Pero en esos ahorros tal vez está la llave para tener no sólo pensiones más dignas, sino que hacer de Chile un país más justo y más desarrollado. Va la explicación y la propuesta:

Ya sea por voluntarismo, incompetencia o cobardía, el actual sistema previsional partió con parámetros que asegurarían bajas pensiones, particularmente el bajísimo porcentaje de los sueldos que va a cotización previsional. Se habla mucho que los actuales malos resultados son por razones demográficas y no de diseño, pero nadie puede argumentar que el aumento en la expectativa de vida, la baja formalidad, continuidad y participación laborales fueran una sorpresa, ya que eran las características con las que Chile llevaba viviendo por décadas. Quienes diseñaron las AFPs y quienes por décadas vieron el problema venir y escogieron no hacer nada por la dificultad política de las reformas necesarias, debieran retirarse de la discusión pública avergonzados, o recibir el merecido desprecio ciudadano por una labor pésimamente hecha que le causó grandes daños a Chile que hoy debemos enfrentar a mucho mayor costo que si se hubiera hecho a tiempo.

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Argumento liberal para intervenir la educación escolar privada

Han sido noticia las crecientes e incluso denigrantes preguntas y exigencias que colegios privados hacen a padres para que sus niños puedan entrar a estudiar en ellos (La Segunda). Parroquias de asistencia, tamaño de la cuenta corriente, colegios de los padres, empresa y cargo donde trabajan, hasta ¡fotos familiares!, todo como parte de procesos opacos, con mecanismos de decisión desconocidos y donde los padres quedan a merced de cualquier arbitraria razón que los dueños de colegios esgriman para aceptarlos o rechazarlos. Algunas de tales cosas ya son ilegales en la búsqueda de trabajo y muchas son desde mal vistas, incluso inaceptables en un país desarrollado. Pero esto no es sólo incivilizado sino, argumentaré, también profundamente dañino en perspectivas educativas, de mercado y de derechos.

En esta columna exploraré tres dimensiones de razones que justifican -cada una por sí sola-, la necesidad de intervenir los procesos de selección de los colegios privados, incluso sacándolos completamente de sus manos. Todo esto, asumiendo y desafiando lo contra-intuitivo de la idea de que lo liberal, en este caso, es intervenir la educación privada.

Antes, hay que sostener la legitimidad de la intervención en sí. Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué el Estado debiera intervenir? Estamos rodeados de ejemplos que justifican la intervención en algunos casos donde la interacción entre los privados genera resultados ineficientes, dañinos o mejorables. La licitación de cartera en las AFP o la portabilidad numérica en la telefonía celular son excelentes y recientes ejemplos sobre cómo se pueden hacer mercados más competitivos, más eficientes y más justos con regulaciones correctas. En ambos casos y muchos otros, fue legítimo, moral y necesario intervenir. En esto, el mercado educativo no debiera ser especial. Entonces: ¿El mercado de la educación privada requiere nuevas regulaciones para hacerlo mejor? Exploremos.

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