Argumento liberal para intervenir la educación escolar privada

Han sido noticia las crecientes e incluso denigrantes preguntas y exigencias que colegios privados hacen a padres para que sus niños puedan entrar a estudiar en ellos (La Segunda). Parroquias de asistencia, tamaño de la cuenta corriente, colegios de los padres, empresa y cargo donde trabajan, hasta ¡fotos familiares!, todo como parte de procesos opacos, con mecanismos de decisión desconocidos y donde los padres quedan a merced de cualquier arbitraria razón que los dueños de colegios esgriman para aceptarlos o rechazarlos. Algunas de tales cosas ya son ilegales en la búsqueda de trabajo y muchas son desde mal vistas, incluso inaceptables en un país desarrollado. Pero esto no es sólo incivilizado sino, argumentaré, también profundamente dañino en perspectivas educativas, de mercado y de derechos.

En esta columna exploraré tres dimensiones de razones que justifican -cada una por sí sola-, la necesidad de intervenir los procesos de selección de los colegios privados, incluso sacándolos completamente de sus manos. Todo esto, asumiendo y desafiando lo contra-intuitivo de la idea de que lo liberal, en este caso, es intervenir la educación privada.

Antes, hay que sostener la legitimidad de la intervención en sí. Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué el Estado debiera intervenir? Estamos rodeados de ejemplos que justifican la intervención en algunos casos donde la interacción entre los privados genera resultados ineficientes, dañinos o mejorables. La licitación de cartera en las AFP o la portabilidad numérica en la telefonía celular son excelentes y recientes ejemplos sobre cómo se pueden hacer mercados más competitivos, más eficientes y más justos con regulaciones correctas. En ambos casos y muchos otros, fue legítimo, moral y necesario intervenir. En esto, el mercado educativo no debiera ser especial. Entonces: ¿El mercado de la educación privada requiere nuevas regulaciones para hacerlo mejor? Exploremos.

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