Leaglización de las drogas

(Ponencia que hice para una ponencia sobre legalización del autocultivo de marihuana que hice como parte de un debate sobre el tema en un colegio de la zona oriente de Santiago)

Más que despenalización del autocultivo, prefiero ir más allá y hablar de legalización de la marihuana en el contexto de una legalización y regulación más general de las drogas. La legalización de la marihuana es la medida más urgente en esa dirección y la despenalización del autocultivo puede ser un primer paso, con positivos pero limitados efectos.

Hablaré sobre 4 razones que, creo, justifican avanzar en la legalización de las drogas en general y de la marihuana en particular. Cada una, creo, la justifica por si sola y todas juntas, estoy convencido, hacen un argumento robusto.

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Sr(a). candidato(a), ¿su campaña es financiada por narcotraficantes?

Mientras comenzamos un importante año electoral, dará inicio la conversación sobre las ideas, los programas, los liderazgos y las plataformas. Qué proponen los y las candidatas. Todo bajo el permanente supuesto democrático que los políticos elegidos se deben a quienes los pusieron en sus cargos. El supuesto es correcto. Lo incorrecto es suponer que eso sólo se refiere a los electores. Que nosotros, en la urna, somos quienes tenemos la gran y única palabra a la hora de elegir quién, cómo y para qué. A nivel local y nacional.

Esa historia es trágicamente incompleta.

La capacidad de las candidaturas de llegar con su discurso, propuestas y rostros hacia el electorado es función principalmente de los recursos que logren reunir para tal efecto. Es decir, las autoridades elegidas se deben tanto a los financistas de sus campañas como a sus electores. Entonces, para poder siquiera saber para quién trabajará, si electo, el candidato, es absolutamente imprescindible conocer quiénes financian sus campañas. ¿Es posible saberlo?

Hoy, No.

No existen mecanismos reales para verificar la proveniencia del financiamiento de las campañas electorales. Hace algunos años se avanzó en regular mínimamente el financiamiento electoral, pero las reformas no fueron mucho más que simbólicas. Seguimos sin conocer quién, cuánto, cuándo ni cómo, da los recursos para las campañas y se gana así la lealtad del candidato. No sabemos para quién trabajan nuestras autoridades.

Entonces, sobre la pregunta principal de esta columna: ¿las campañas son financiadas por narcotraficantes?. Simplemente no lo sabemos ni podemos legalmente saberlo. Sólo podemos, a partir del comportamiento del candidato elegido, sospecharlo.

La primera pista podría ser que vote o promueva una rebaja de penas para narcotraficantes. Pero sería demasiado burdo y evidente. La segunda, es la realmente importante: que les proteja el negocio a través de mantener y aumentar las prohibiciones.

Aquí debo hacer un paréntesis para entrar al tema de las drogas en sí.

Sabemos que si un producto es demandado, habrá personas dispuestas a cubrir esa demanda y proveerlo. Siempre. Mientras mayor sea la prohibición, más violentas corruptoras y caras serán esas transacciones. Lo que hace la prohibición es asegurar que buena parte del precio de las drogas, que se venderán igual, vaya a las armas y coimas necesarias para mantener el negocio. Mientras mayor sea la persecución, más ventajas tendrán los narcotraficantes que sean más violentos y tengan una mayor capacidad de corromper a la autoridad. El principal producto de la guerra contra las drogas, son y serán los combatientes y los “daños colaterales”.

Incluso sin considerar el derecho que debieran tener los adultos a informadamente fumar, aspirar, ingerir o inyectarse lo que deseen en sus propios cuerpos (sino, ¿de quién es el cuerpo?) , la gran pregunta que debiera hacerse la sociedad es si el daño que produce la prohibición (narcotráfico, violencia, corrupción) es mayor o menor que el que producen las drogas por sí solas (social, salud), entendiendo que mientras duren las prohibiciones tendremos mucho de los primeros y no mucho menos de los segundos. Si bien el consenso internacional se mueve en forma consistente hacia considerar a la prohibición como más dañina, en Chile no parecemos haber siquiera comenzado a tener en serio esta discusión.

Cerrando el paréntesis, volvamos a la pregunta: ¿Son las campañas financiadas por narcotraficantes?

Lo único claro, es que los candidatos que sabremos a ciencia cierta que sus campañas no son financiadas por narcotraficantes son aquellos que apuesten decididamente por cuestionar las concepciones establecidas en el tema, preguntarse por la utilidad de la guerra contra las drogas y estudiar en forma seria caminos responsables hacia el fin de las prohibiciones, siquiera de drogas mínimamente dañinas como la marihuana. Eso lo sabemos, porque apuntan en forma directa a terminar con el negocio de los narcos. A terminar con la violencia que el tráfico siempre trae consigo. Y a terminar con el incentivo perverso a la corrupción de la autoridad por parte de quienes realizan negocios ilegales.

Sobre los demás, sólo se puede decir que lo único peor que trabajar a sueldo para criminales que matan y corrompen, es hacerlo gratis y por convicción.