Alexis: meritocracia y contexto

La llegada de Alexis Sánchez al Arsenal y su sueldo millonario ha traído a colación la discusión sobre meritocracia. Con 11,5 millones de dólares al año (equivalente a 531 millones de pesos al mes), ¿Alexis lo merece? ¿Es justo?

La respuesta corta, es sí. Alexis nos provee de algo que todos queremos y estamos dispuestos a pagar por ello: buen fútbol. Más aún, está en la cumbre del fútbol mundial exclusivamente por talento y esfuerzo personal.

Como se ha mencionado repetidamente, el fútbol es profundamente justo aquí: quienes llegan a la cima no guardan mayor relación con cómo les fue a sus padres o al dinero de sus familias. La selección nacional de fútbol es probablemente la élite local que representa mejor la distribución socioeconómica del país.

Si hacemos la analogía con el resto de la economía, un buen futbolista es similar a un buen emprendedor: por esfuerzo y talento personal, logran proveernos a todos de algo por lo que estamos felices de desembolsar dinero. Nos hacen la vida mejor gracias a su trabajo y por ello pueden llegar a tener retornos económicos espectaculares, a los que no les criticamos su legitimidad o justicia.

En cambio, buena parte del empresariado tradicional chileno, de los cuales varios tienen ingresos superiores a los de Alexis, parece estar más cerca de la definición de heredero rentista que de emprendedor. De alguien que nació en fortuna y simplemente la invierte, sin crear realmente nada nuevo que le ofrezca a la ciudadanía algo que les haga la vida particularmente mejor. ¿Cuál sería la legitimidad del éxito, poder y dinero de aquel heredero rentista, si volviéramos a hacer la analogía con el fútbol? Pues imaginemos a un jugador, de grandes ligas y con sueldo similar al de Alexis, que está en su puesto por ser el hijo del entrenador o del dueño del equipo, más que por su talento o esfuerzo. Imaginemos cómo sería visto aquello por los hinchas, por sus compañeros. Ciertamente no sería ni legítimo, ni justo ni aceptable.

Si vamos a preocuparnos por lo adecuados de algunos sueldos altos, el fútbol no es el lugar donde debemos mirar.

No debemos permitir que nos convenzan que una sociedad y economía basada en la meritocracia: legítima, justa y eficiente, sea una utopía inalcanzable. Que es imposible hacer los resultados económicos de una generación independiente de la anterior, horizontalizar las oportunidades y que quienes obtengan los mayores retornos sean quienes realmente los merecen. El fútbol lo logró, porque es competitivo. Es justo. En la economía debiéramos tener claras las direcciones en que debemos avanzar para hacer de esa supuesta utopía una realidad.

Proyectando los 40 años

(Comparto mi ponencia en lanzamiento de edición especial por los 40 años del golpe de “Revista Política”, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Museo de la Memoria, 26 de marzo 2014)

Alan Angell afirma que para Occidente el golpe fue durísimo, por razones históricas y contextuales. Si un país como Chile podía sufrir un ataque de esa magnitud a la democracia, ni siquiera ellos estaban a salvo. Aún mayor fuerza tuvo el hecho de haber sido el primer golpe televisado, siendo definido para el mundo y para la historia en sus primeras horas por las 4 grandes imágenes que identifica Angell:

  • El ataque aéreo al palacio presidencial
  • La quema de libros en la calle por parte de soldados
  • los prisioneros esperando en el Estadio Nacional
  • la imagen del dictador, de brazos cruzados y con gafas oscuras, sentado con el resto de la junta de pié detrás de él

Esas imágenes, imborrables no sólo para todos los chilenos, sino que también para buena parte del mundo informado, son parte de la mochila que nos toca cargar cuando hablamos sobre nuestra democracia, pero también son las que nos dan una responsabilidad que trasciende nuestras fronteras y de cómo proteger, perfeccionar y robustecer nuestra democracia, evitando recaídas autoritarias que pueden ser catastróficas. Ante la pregunta de si Chile está protegido de perder su democracia, la respuesta me imagino que va por “Hoy si, mañana, depende de nosotros”. Ese depende de nosotros en buena parte se trata de los relatos que como sociedad debemos construir para protegernos y aquí está tal vez uno de los mayores cambios con respecto al Chile de hace 40 años y una de nuestras mayores armas de defensa: los DD.HH. como relato político.

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Argumento liberal para intervenir la educación escolar privada

Han sido noticia las crecientes e incluso denigrantes preguntas y exigencias que colegios privados hacen a padres para que sus niños puedan entrar a estudiar en ellos (La Segunda). Parroquias de asistencia, tamaño de la cuenta corriente, colegios de los padres, empresa y cargo donde trabajan, hasta ¡fotos familiares!, todo como parte de procesos opacos, con mecanismos de decisión desconocidos y donde los padres quedan a merced de cualquier arbitraria razón que los dueños de colegios esgriman para aceptarlos o rechazarlos. Algunas de tales cosas ya son ilegales en la búsqueda de trabajo y muchas son desde mal vistas, incluso inaceptables en un país desarrollado. Pero esto no es sólo incivilizado sino, argumentaré, también profundamente dañino en perspectivas educativas, de mercado y de derechos.

En esta columna exploraré tres dimensiones de razones que justifican -cada una por sí sola-, la necesidad de intervenir los procesos de selección de los colegios privados, incluso sacándolos completamente de sus manos. Todo esto, asumiendo y desafiando lo contra-intuitivo de la idea de que lo liberal, en este caso, es intervenir la educación privada.

Antes, hay que sostener la legitimidad de la intervención en sí. Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué el Estado debiera intervenir? Estamos rodeados de ejemplos que justifican la intervención en algunos casos donde la interacción entre los privados genera resultados ineficientes, dañinos o mejorables. La licitación de cartera en las AFP o la portabilidad numérica en la telefonía celular son excelentes y recientes ejemplos sobre cómo se pueden hacer mercados más competitivos, más eficientes y más justos con regulaciones correctas. En ambos casos y muchos otros, fue legítimo, moral y necesario intervenir. En esto, el mercado educativo no debiera ser especial. Entonces: ¿El mercado de la educación privada requiere nuevas regulaciones para hacerlo mejor? Exploremos.

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El fin del ciclo político

(columna de 2013, traída desde el archivo)

Llevamos año escuchando sobre la resiliencia del orden político heredado de la dicotomía Si/No del plebiscito de 1988. Los resultados de la última CEP, en particular el sorprendente apoyo que demuestra Michelle Bachelet, vienen a demostrar que este ciclo político terminó. Que la política, no de mañana, sino de hoy, se juega ya en otras claves.

La estabilidad de este sistema consistía en su predictibilidad. Tanto por mantener un padrón relativamente estable, pero también por generar lealtades políticas por parte del electorado relacionadas con las visiones sobre el pasado reciente de Chile, cuya máxima expresión ocurrió en 1988. Tanto lo que entendemos como “derecha” como lo que entendemos como “izquierda” se definió y se diferencian justamente en el conjunto de símbolos y discusiones ligadas a la dictadura en Chile: los DD.HH., las reformas económicas, el valor de la democracia y la figura de Pinochet.

Desde entonces, articuladas en torno a partidos relativamente fuertes, se construyeron coaliciones que soportaron el peso del tiempo con apoyos electorales bastante estables. Incluso, gracias a diversos amarres estructurales, se dificultó la creación y consolidación de nuevos partidos. Bien entrado el siglo XXI, diversos estudios indicaban que las razones que mejor explicaban el voto de las personas, era su lealtad con los símbolos del plebiscito.

La primera pista del resquebrajamiento de este ciclo la tuvimos en la elección presidencial pasada. La presencia de MEO le construyó a muchos votantes un “puente de oro” para, por primera vez, cambiarse de bando. El rechazo a las prácticas de la Concertación, sus líderes y partidos permitió que el muro de contención que separaba a quienes habían apoyado el “Si” de quienes habían apoyado el “No” en 1988 se rompiera por primera vez de manera significativa y permitiera la elección de Sebastián Piñera. La pregunta era si ese quiebre con las lealtades históricas sería sólo por esa vez, o hablaba de un cambio permanente en la política chilena.

La encuesta CEP revelada ayer ha dado a entender la estabilización de un proceso nuevo: El apoyo electoral a Michelle Bachelet parece ser mucho mayor al esperable para alguien de su coalición. En las preguntas cerradas sobre escenarios de primera vuelta, obtiene cerca del 60% de los votos. Si consideramos que la votación de MEO también proviene del tronco histórico de quienes le deberían lealtad al “No”, ese apoyo sumado llega hasta el 68%, lo que es mucho mayor al mejor resultado histórico de ese sector político (Frei 1993, con 58%).

¿Esto significa un movimiento permanente hacia la izquierda? Probablemente no. Tal como el triunfo de Piñera no significó un movimiento permanente hacia la derecha.

Estos cambios parecen demostrar que la división Si/No ya no es tal. Que un creciente porcentaje del electorado está dispuesto a darle la espalda a sus lealtades históricas con los símbolos de 1988. Tanto porque generacionalmente tienen poco que ver con ella (lo que ahora es relevante gracias al voto voluntario), como porque el tiempo transcurrido parece haber insertado nuevos símbolos, hitos y temas en las preocupaciones nacionales, que son mayores a los que justificaban la mantención de estas lealtades. Todo esto, por cierto, es muy positivo.

En el lado peligroso, otra señal es que la lealtad con los partidos políticos ha bajado hasta niveles críticos. Mientras estos se mantienen fijos al ciclo histórico de la política nacional que nace en el plebiscito, los electores parecen haber superado ese ciclo, y con él, a los partidos y coaliciones que lo representan y siguen viviendo a su sombra, todos los cuales sufren hoy cifras récord de rechazo. Incluso la misma división izquierda/derecha, representada por los símbolos del plebiscito, es rechazada por la mayoría del electorado, quienes no se sienten ubicados en ella según la encuesta CEP. El tener un sistema político (partidos, coaliciones) tan desacoplado con las preocupaciones de la población, genera un riesgo tremendo. Partidos sólidos, representativos y que sean capaces de canalizar los anhelos y deseos de los electores, son fundamentales para una democracia sana, y es la única protección que tenemos contra populismos catastróficos.

Probablemente la presidencia será ocupada nuevamente por Michelle Bachelet. Pero esta vez no será porque ella representa un sector político o una coalición mayoritaria, sino sólo por el símbolo que ella representa en forma directa. Sus partidos serán casi intrascendentes y tendrán escasa influencia, ya que le sumarán escaso capital y poder político. Esto, por supuesto, es peligroso, ya que el país entero estará en los hombros de una sola persona y no de un robusto sistema de partidos o coaliciones.

Para el futuro, si deseamos evitar el riesgo de rampante populismo en el que ya parecemos haber caído, el sistema de partidos debe responder al nuevo ciclo político. La oportunidad histórica de los partidos tradicionales para representar este nuevo escenario, está terminando. Le llegada de nuevos partidos, alineados a este nuevo ciclo que compitan, derroten y reemplacen a los actuales, comienza a ser urgente.

Menos ministerios, más diversidad

(Del archivo: Ponencia en seminario “Políticas Públicas: Inclusión y Diversidades” de INAP/IGUALES).

Partamos con el ejemplo del caso de Valentina Verbal, precandidata a diputada RN. Transexual. SERVEL fue incapaz de inscribirla con su nombre real y la puso con su nombre de nacimiento. No había protocolos ni políticas para casos similares, siendo que hay ejemplos anteriores. La única autoridad transexual electa nacionalmente es una concejala en Lampa, Alejandra González, la que debe competir elección tras elección con su nombre de nacimiento, Felipe.

A Valentina se le exigieron trámites, certificados, resoluciones judiciales. Para finalmente, ante el miedo institucional a tomar una decisión para la que la ley no estaba preparada, decidieron descartar su solicitud por dudosas razones de forma.

Hoy el caso está, como tantos otros, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pareciera ser no la última, sino la única instancia en la institucionalidad que permite discutir, sancionar y corregir las malas prácticas discriminatorias desde el Estado. Recordemos el caso de tuición de Karen Atala como otro caso importante.

Tanto en estos como en otros casos, estamos viendo cómo el Estado no está siendo capaz de responder a una incrementada demanda de reconocimiento de las identidades ni mucho menos adaptarse a nuestras diferencias. Tal como señaló Verónica Undurraga en la primera ponencia de hoy, no estamos reconociendo a las personas desde su identidad como cada uno la entiende, sino que los estamos reconociendo simplemente como “chilenos” o “ciudadanos”. En vez de hacerlo desde el reconocimiento, se hace desde la uniformización.

Hoy en Chile, en términos culturales, no valoramos la identidad diversa de los chilenos ni la levantamos como el principal potencial y la gran oportunidad que tiene Chile. Es más, nuestro país vive los rasgos de un violento racismo no asumido, coincidiendo plenamente con lo señalado por Enrique Antileo en la mesa anterior. Tenemos un miedo a la diferencia que se expresa en burlas y desprecio.

En Chile aún vivimos bajo la lógica de Sergio Villalobos sobre el ideal uniformador del chileno, criollo, mestizo, de origen campestre, recio, con rasgos mezclados entre lo que él llama “araucanos”, con españoles. Donde todos somos o debiéramos ser algo similar a un Manuel José Ossandón escuchando a los huasos quincheros. En parte es una de las ideas que se construyen y mantienen generacionalmente desde la transmisión generacional, pero también desde el currículo escolar.

Como tal, está imbuido en nuestra cultura y como tal no se puede cambiar por ley. Pero sí podemos desafiarlo desde el Estado, si es que tenemos la convicción de que ese no es el Chile que queremos. Esto, construyendo un marco institucional potente que lo enfrente. Y así pasar, como país, de valorar la uniformidad, a valorar la diversidad. Desde esa perspectiva institucional me gustaría centrar la propuesta.

Como liberal, entiendo la diversidad como potencia. Desde nuestras diferencias es que podemos aprender el uno del otro y sobre nosotros mismos. Complementar nuestras habilidades e intereses y naturalezas para crear cosas más grandes y potentes que las que habríamos podido hacer nosotros solos, o lo mismo, con personas iguales a nosotros.

Hoy no tenemos una política potente en esta dirección, sino políticas puntuales y escasamente coordinadas entre sí.

Actual camino en política pública es enfrentar la diversidad “caso a caso”: Del SERNAM al Ministerio de la Mujer, de la CONADI al Ministerio de Asuntos indígenas. Vamos encaminados a tener un ministerio por cada grupo o minoría desplazada o discriminada, como si tuviéramos muchos problemas diferentes que solucionar, en lugar de un solo gran problema.

Las características de este camino:

  • Permite un foco en las particularidades de cada grupo discriminado
  • No articula los esfuerzos ni ataca problema de fondo global. Parches particulares en lugar de combate articulado a la discriminación y ausencia total de una verdadera promoción de la diversidad como valor.

Andrés Velasco propuso en su campaña una fiscalía antidiscriminación, lo que habla de enfrentar todas las discriminaciones atacándolas en forma coordinada. Eso fue un importante avance al pasar de la mirada caso a caso a enfrentar el problema general. Pero también lo vemos insuficiente.

Falta efectivamente ser más agresivos con la discriminación en Chile.

Pero falta también reconocer y enfrentar desde la política pública los desafíos que enfrentan otros grupos hoy no suficientemente considerados, como el creciente número de inmigrantes, minorías de orientación e identidad sexual, los grandes desafíos en política infantil, entre otros.

Falta coordinar los esfuerzos en una línea y dirección que aproveche las sinergias y enfrente el problema de manera global.

Falta unificar los esfuerzos desde la administración del Estado.

Falta finalmente avanzar hacia una política de promoción de la diversidad como valor, que haga explícito el esfuerzo de avance cultural en el tema.

La propuesta concreta:

Agrupar el SERNAM, Conadi, INJUV, SENAMA, SENAME (excepto temas penales), en una gran orgánica de diversidad. Llamémoslo Ministerio de la Diversidad.

4 Funcionalidades básicas:

  • La suma de lo que tenemos hoy: Diseño y gestión de políticas destinadas a minorías o grupos discriminados entendiendo sus particularidades a través de participación concreta de estos grupos en esa definición y gestión. Incluir además de mujeres, adultos mayores, jóvenes y pueblos originarios, a la diversidad de orientación e identidad sexual, a inmigrantes, etc.
  • Dientes: una fiscalía antidiscriminación que enfrente judicialmente o con multas y sanciones propias la discriminación institucional tanto de privados como por parte del Estado.
  • Articulador de políticas que genere protocolos generales de diversidad y antidiscriminación para el aparato público, en lugar de uno por cada grupo discriminado. Recomendaciones de protocolos para instituciones privadas.
  • Promoción. Si bien los liberales solemos ser reacios a las cuotas y las vemos como mecanismos sólo “para emergencias” y ojalá temporales, Sí entendemos que debemos llevar la diversidad y su importancia al espacio público: Informar a la ciudadanía constantemente sobre el comportamiento en diversidad de organizaciones privadas y públicas.

¿Qué porcentaje de estudiantes provenientes de pueblos originarios tiene el Santiago College? ¿De inmigrantes de primera generación? ¿Cuál es su índice de diversidad socioeconómica? ¿Cuál es la relación de salarios de profesores según sexo? ¿O en los directorios de las empresas listadas en el IPSA? ¿O en la Universidad Gabriela Mistral? ¿O en el Servicio de Impuestos Internos?

Debemos mostrar activamente lo anterior con índices estandarizados o sellos de cumplimiento. Rankings, valorando lo positivo y acusando lo negativo.

El primer paso para solucionar un problema es que reconozcamos que lo tenemos. Al trabajar en políticas para grupos específicos de chilenos, uno a uno, lo que hacemos es reconocer que tenemos una serie de situaciones. Pasemos a reconocer que tenemos un problema mayor.

Develemos el resultado en nuestras vidas diarias del trauma que tenemos por la uniformidad y empecemos la dura tarea de dar el giro que necesitamos para comenzar a entender la diversidad como una ventaja más que un riesgo. Como una oportunidad más que un problema. Y como parte orgullosa de nuestra identidad de nación, en vez de ese secreto que preferimos ocultar.

Sr(a). candidato(a), ¿su campaña es financiada por narcotraficantes?

Mientras comenzamos un importante año electoral, dará inicio la conversación sobre las ideas, los programas, los liderazgos y las plataformas. Qué proponen los y las candidatas. Todo bajo el permanente supuesto democrático que los políticos elegidos se deben a quienes los pusieron en sus cargos. El supuesto es correcto. Lo incorrecto es suponer que eso sólo se refiere a los electores. Que nosotros, en la urna, somos quienes tenemos la gran y única palabra a la hora de elegir quién, cómo y para qué. A nivel local y nacional.

Esa historia es trágicamente incompleta.

La capacidad de las candidaturas de llegar con su discurso, propuestas y rostros hacia el electorado es función principalmente de los recursos que logren reunir para tal efecto. Es decir, las autoridades elegidas se deben tanto a los financistas de sus campañas como a sus electores. Entonces, para poder siquiera saber para quién trabajará, si electo, el candidato, es absolutamente imprescindible conocer quiénes financian sus campañas. ¿Es posible saberlo?

Hoy, No.

No existen mecanismos reales para verificar la proveniencia del financiamiento de las campañas electorales. Hace algunos años se avanzó en regular mínimamente el financiamiento electoral, pero las reformas no fueron mucho más que simbólicas. Seguimos sin conocer quién, cuánto, cuándo ni cómo, da los recursos para las campañas y se gana así la lealtad del candidato. No sabemos para quién trabajan nuestras autoridades.

Entonces, sobre la pregunta principal de esta columna: ¿las campañas son financiadas por narcotraficantes?. Simplemente no lo sabemos ni podemos legalmente saberlo. Sólo podemos, a partir del comportamiento del candidato elegido, sospecharlo.

La primera pista podría ser que vote o promueva una rebaja de penas para narcotraficantes. Pero sería demasiado burdo y evidente. La segunda, es la realmente importante: que les proteja el negocio a través de mantener y aumentar las prohibiciones.

Aquí debo hacer un paréntesis para entrar al tema de las drogas en sí.

Sabemos que si un producto es demandado, habrá personas dispuestas a cubrir esa demanda y proveerlo. Siempre. Mientras mayor sea la prohibición, más violentas corruptoras y caras serán esas transacciones. Lo que hace la prohibición es asegurar que buena parte del precio de las drogas, que se venderán igual, vaya a las armas y coimas necesarias para mantener el negocio. Mientras mayor sea la persecución, más ventajas tendrán los narcotraficantes que sean más violentos y tengan una mayor capacidad de corromper a la autoridad. El principal producto de la guerra contra las drogas, son y serán los combatientes y los “daños colaterales”.

Incluso sin considerar el derecho que debieran tener los adultos a informadamente fumar, aspirar, ingerir o inyectarse lo que deseen en sus propios cuerpos (sino, ¿de quién es el cuerpo?) , la gran pregunta que debiera hacerse la sociedad es si el daño que produce la prohibición (narcotráfico, violencia, corrupción) es mayor o menor que el que producen las drogas por sí solas (social, salud), entendiendo que mientras duren las prohibiciones tendremos mucho de los primeros y no mucho menos de los segundos. Si bien el consenso internacional se mueve en forma consistente hacia considerar a la prohibición como más dañina, en Chile no parecemos haber siquiera comenzado a tener en serio esta discusión.

Cerrando el paréntesis, volvamos a la pregunta: ¿Son las campañas financiadas por narcotraficantes?

Lo único claro, es que los candidatos que sabremos a ciencia cierta que sus campañas no son financiadas por narcotraficantes son aquellos que apuesten decididamente por cuestionar las concepciones establecidas en el tema, preguntarse por la utilidad de la guerra contra las drogas y estudiar en forma seria caminos responsables hacia el fin de las prohibiciones, siquiera de drogas mínimamente dañinas como la marihuana. Eso lo sabemos, porque apuntan en forma directa a terminar con el negocio de los narcos. A terminar con la violencia que el tráfico siempre trae consigo. Y a terminar con el incentivo perverso a la corrupción de la autoridad por parte de quienes realizan negocios ilegales.

Sobre los demás, sólo se puede decir que lo único peor que trabajar a sueldo para criminales que matan y corrompen, es hacerlo gratis y por convicción.