Flexibilidad laboral en favor de los trabajadores

Cuando se discute una reforma laboral, la flexibilidad suele volver a ponerse en en el tapete, ante aplausos de los empresarios y amenazas de los sindicatos. En el marco de a discusión previa a la presentación de un proyecto de ley por parte del actual gobierno, fue el turno de una vieja idea: cambiar la indemnización por años de servicio, por un fortalecimiento del seguro de desempleo. Lo único que ha logrado la discusión hasta ahora, ha sido sacar a la CUT de su larga siesta, tras años de escándalos internos, para dar amenazas si se llegara a tocar esta conquista de los trabajadores. Esto, porque la eliminación de la indemnización se entiende como una forma de facilitar el despido, lo que también le bajaría el riesgo a la contratación, aumentando el empleo. Es una política mirada desde el punto de vista de los empresarios. Pero no tiene por qué ser así. Con algunas modificaciones, el reemplazo de la actual indemnización podría terminar siendo la mayor conquista de los trabajadores en décadas, redistribuyendo el poder dentro de la empresa hacia ellos, aumentando sueldos, y haciendo a toda la economía chilena más productiva, haciendo un mercado laboral más flexible para beneficio de los trabajadores. Pero para ello, hay que ver la oportunidad no desde la perspectiva de los empresarios, sino desde la de los trabajadores. Pero entre una CUT anclada en el pasado, un gobierno que piensa, viste y ronca como empresario, y una oposición ausente, parece difícil. De todas formas, aquí explicaré cómo podría ser.

Hoy la indemnización por año de servicio se entrega sólo cuando un trabajador es despedido, bajo algunas causales específicas. Siendo “necesidades de la empresa” la más usual. Es un número de meses de sueldo equivalente al número de años que el trabajador lleva contratado por la empresa, con un límite de 11 años. Esto es, con un máximo de 11 meses de sueldo una vez es despedido. Esto se entiende como una conquista de los trabajadores, ya que es un claro desincentivo al despido. Entrega seguridad al trabajador. Pero si bien parece funcionar bastante bien como amenaza, es una que se ejerce bastante poco. Números recientes dicen que sólo un 6% de los contratos terminan con un pago de indemnización por año de servicios. Y en la práctica, los incentivos son más bien nefastos: deja a los trabajadores sin incentivo a renunciar y cambiarse de trabajo, ya que estaría “perdiendo” su indemnización en caso de ser despedido en el futuro. Eso hace que los trabajadores se queden demasiado tiempo en cada empleo, aprendiendo menos de la diversidad de tareas que vienen con tener varios trabajos, y siendo menos productivos. Además, las negociaciones salariales suelen darle ventaja al empleador, quien sabe que el trabajador estará poco dispuesto a renunciar (dada la indemnización que perdería) en caso de recibir un aumento menor al esperado. Esto deja los sueldos artificialmente bajos entre los trabajadores contratados, particularmente de quienes no cuentan con sindicatos para emparejar la cancha de la negociación. Además, transforma las carreras laborales de los trabajadores en algo deprimente: Los primeros 11 años se quedarán estáticos, mirando cómo esa potencial (y generalmente virtual) cuenta de ahorros aumenta de tamaño, sin estar dispuestos a cambiarse de trabajo ni a hacer fuertes exigencias salariales. Para, luego de pasados los 11 años, tengan el incentivo de hacerse despedir, mientras los empleadores tienen el incentivo de evitar hacerlo, ya que les sería demasiado caro. Eso lleva a relaciones humanas de mala calidad, trabajo de mala calidad, sueldos que tampoco subirán, y un sinnúmero de enfermedades mentales como depresión, estrés, entre muchas otras. Todo, por una indemnización que se espera, pero que casi nunca llega. Finalmente, la idea de mantenerse 11 años o más en un empleo es completamente ajena a las expectativas y cultura de las nuevas generaciones, quienes estarían mucho mejor servidas con otro tipo de regulación.

La propuesta actual del gobierno es eliminar esta indemnización por años, y reforzar el seguro de desempleo. La idea tiene sentido: eliminaría varios de los incentivos negativos de las relaciones laborales, haría más barato despedir y contratar, lo que aumentaría el empleo y haría que los trabajadores puedan tener mayor diversidad de experiencias, y así tener una economía más productiva. Y en los eventos en que estén sin trabajo, tener un seguro de desempleo potenciado ayudaría a que no tengan impactos económicos en caso de estar algunos meses sin trabajar. El mayor problema de la propuesta, es que es absolutamente inviable políticamente, y tiene que ver con las razones de por qué los empresarios la aplauden mientras los trabajadores la pifian. Esto, porque para empresarios es bajar una barrera a la contratación y a la inversión y para los trabajadores es precarizar su trabajo ya que, aunque la indemnización sea difícil recibirla, sí funciona como un potente desincentivo al despido. Y un aumento al seguro de desempleo, por muy potente que sea, puede reducir en parte esa precarización, pero no eliminarla. Para que los trabajadores quieran un cambio, deberán ganar más que lo que pierdan. Y para que una reforma valga la pena, debe ser capaz de dinamizar la economía. Y ambas cosas, juntas, a pesar que parezca cuadrar el círculo, son posibles. Sólo que no en las actuales trincheras donde los representantes de los trabajadores siguen pegados en un modelo laboral que hace décadas dejó de existir, y los representantes de los empresarios sólo parecen pensar en su autointerés.

Pensemos, entonces, en un camino intermedio, pero con un importante aliciente para el trabajador. Imaginemos un seguro de desempleo potenciado, pero además una indemnización a todo evento (salvo causales de conducta indebidas de carácter grave, obviamente). Imaginemos además que esa indemnización sea por años de servicio, pero sólo hasta el año 3. Es decir, ya sea por despido o renuncia, el trabajador recibirá igual hasta 3 meses de sueldo para su bolsillo, además de contar con una robusta protección a través de su seguro de desempleo, gracias a la que podrá vivir algunos meses sin requerir tocar ese dinero ganado. Esto permitiría dar vuelta las relaciones de poder dentro de la empresa. Ya que el trabajador sólo tendría incentivos para quedarse en los primeros 3 años, mientras se acumula su indemnización, y que pasados estos, tendría efectivamente un incentivo a renunciar, ya que recibiría dinero por hacerlo. Imaginemos el cambio laboral, cultural y de poder de llegar a tener un incentivo a renunciar. Esto llevaría a que los trabajadores tengan mucho mayor poder de negociación salarial: Si el empleador quiere mantener al trabajador en la empresa, tendría que pagarle más. Y la amenaza de renuncia en caso de no subir los salarios, sería muchísimo más creíble. Y, de no llegar a un nuevo acuerdo, se iría con lo aprendido por esos años, y estaría listo para seguir aprendiendo otras cosas diferentes en otro lugar. Eso haría que los trabajadores chilenos tengan un estado permanente de capacitación, preparación y aprendizaje que los haría a ellos, y a la economía en su conjunto, más productivos. En general, un camino como este haría que los sueldos de los trabajadores aumenten en el corto plazo debido al cambio de posición negociadora, que suban aún más en el largo plazo por el aumento de la productividad, haría que Chile sea un país menos desigual y haría a la economía en general más productiva y más rica. Que los trabajadores tengan mejores incentivos para trabajar, tengan menos enfermedades mentales, y sean en general más felices. Quienes perderían, en el corto plazo, serían los empresarios, quienes por el cambio en situación negociadora, podrían retirar menores utilidades, ya que los sueldos aumentarían su peso relativo. Pero en el largo también podrían ganar, dada la mayor productividad de la economía. problema, claro, está que no se cumpliría el abaratamiento del despido (y, por lo tanto, de la contratación). Incluso un esquema así podría encarecerlos. Pero la perspectiva de mayores sueldos y mayor productividad bien haría que una inversión estatal en este sentido podría estar más que justificada, por ejemplo, dando un par de puntos adicionales para el seguro de desempleo, o subsidiando parte de la provisión necesaria para indemnizaciones futuras, sobre todo para los sueldos más bajos. El Estado, además, tendría que establecer mecanismos administrativos para ayudar a las empresas a realizar esa provisión, para evitar quiebras en caso de la renuncia de muchos trabajadores en empresas pequeñas. Todo esto podría justificarse financieramente, no sólo gracias a la perspectiva de mejores recaudaciones futuras, sino también porque un cambio radical en la manera en que funciona el trabajo en Chile, como el que traería un camino de este tipo, podría abrir la puerta a ampliar la base tributaria y aumentar el número de trabajadores que pagan impuestos globales complementarios.

Una indemnización a todo evento, sumada a una mejora del seguro de desempleo, con el consiguiente incentivo a la renuncia, podría hacer la flexibilización laboral algo políticamente viable, y hacer a la economía entera más robusta, justa, productiva, igualitaria y potente. Pero sólo si es una flexibilización hecha con el interés de los trabajadores en el centro.