Flexibilidad laboral en favor de los trabajadores

Cuando se discute una reforma laboral, la flexibilidad suele volver a ponerse en en el tapete, ante aplausos de los empresarios y amenazas de los sindicatos. En el marco de a discusión previa a la presentación de un proyecto de ley por parte del actual gobierno, fue el turno de una vieja idea: cambiar la indemnización por años de servicio, por un fortalecimiento del seguro de desempleo. Lo único que ha logrado la discusión hasta ahora, ha sido sacar a la CUT de su larga siesta, tras años de escándalos internos, para dar amenazas si se llegara a tocar esta conquista de los trabajadores. Esto, porque la eliminación de la indemnización se entiende como una forma de facilitar el despido, lo que también le bajaría el riesgo a la contratación, aumentando el empleo. Es una política mirada desde el punto de vista de los empresarios. Pero no tiene por qué ser así. Con algunas modificaciones, el reemplazo de la actual indemnización podría terminar siendo la mayor conquista de los trabajadores en décadas, redistribuyendo el poder dentro de la empresa hacia ellos, aumentando sueldos, y haciendo a toda la economía chilena más productiva, haciendo un mercado laboral más flexible para beneficio de los trabajadores. Pero para ello, hay que ver la oportunidad no desde la perspectiva de los empresarios, sino desde la de los trabajadores. Pero entre una CUT anclada en el pasado, un gobierno que piensa, viste y ronca como empresario, y una oposición ausente, parece difícil. De todas formas, aquí explicaré cómo podría ser.

Hoy la indemnización por año de servicio se entrega sólo cuando un trabajador es despedido, bajo algunas causales específicas. Siendo “necesidades de la empresa” la más usual. Es un número de meses de sueldo equivalente al número de años que el trabajador lleva contratado por la empresa, con un límite de 11 años. Esto es, con un máximo de 11 meses de sueldo una vez es despedido. Esto se entiende como una conquista de los trabajadores, ya que es un claro desincentivo al despido. Entrega seguridad al trabajador. Pero si bien parece funcionar bastante bien como amenaza, es una que se ejerce bastante poco. Números recientes dicen que sólo un 6% de los contratos terminan con un pago de indemnización por año de servicios. Y en la práctica, los incentivos son más bien nefastos: deja a los trabajadores sin incentivo a renunciar y cambiarse de trabajo, ya que estaría “perdiendo” su indemnización en caso de ser despedido en el futuro. Eso hace que los trabajadores se queden demasiado tiempo en cada empleo, aprendiendo menos de la diversidad de tareas que vienen con tener varios trabajos, y siendo menos productivos. Además, las negociaciones salariales suelen darle ventaja al empleador, quien sabe que el trabajador estará poco dispuesto a renunciar (dada la indemnización que perdería) en caso de recibir un aumento menor al esperado. Esto deja los sueldos artificialmente bajos entre los trabajadores contratados, particularmente de quienes no cuentan con sindicatos para emparejar la cancha de la negociación. Además, transforma las carreras laborales de los trabajadores en algo deprimente: Los primeros 11 años se quedarán estáticos, mirando cómo esa potencial (y generalmente virtual) cuenta de ahorros aumenta de tamaño, sin estar dispuestos a cambiarse de trabajo ni a hacer fuertes exigencias salariales. Para, luego de pasados los 11 años, tengan el incentivo de hacerse despedir, mientras los empleadores tienen el incentivo de evitar hacerlo, ya que les sería demasiado caro. Eso lleva a relaciones humanas de mala calidad, trabajo de mala calidad, sueldos que tampoco subirán, y un sinnúmero de enfermedades mentales como depresión, estrés, entre muchas otras. Todo, por una indemnización que se espera, pero que casi nunca llega. Finalmente, la idea de mantenerse 11 años o más en un empleo es completamente ajena a las expectativas y cultura de las nuevas generaciones, quienes estarían mucho mejor servidas con otro tipo de regulación.

La propuesta actual del gobierno es eliminar esta indemnización por años, y reforzar el seguro de desempleo. La idea tiene sentido: eliminaría varios de los incentivos negativos de las relaciones laborales, haría más barato despedir y contratar, lo que aumentaría el empleo y haría que los trabajadores puedan tener mayor diversidad de experiencias, y así tener una economía más productiva. Y en los eventos en que estén sin trabajo, tener un seguro de desempleo potenciado ayudaría a que no tengan impactos económicos en caso de estar algunos meses sin trabajar. El mayor problema de la propuesta, es que es absolutamente inviable políticamente, y tiene que ver con las razones de por qué los empresarios la aplauden mientras los trabajadores la pifian. Esto, porque para empresarios es bajar una barrera a la contratación y a la inversión y para los trabajadores es precarizar su trabajo ya que, aunque la indemnización sea difícil recibirla, sí funciona como un potente desincentivo al despido. Y un aumento al seguro de desempleo, por muy potente que sea, puede reducir en parte esa precarización, pero no eliminarla. Para que los trabajadores quieran un cambio, deberán ganar más que lo que pierdan. Y para que una reforma valga la pena, debe ser capaz de dinamizar la economía. Y ambas cosas, juntas, a pesar que parezca cuadrar el círculo, son posibles. Sólo que no en las actuales trincheras donde los representantes de los trabajadores siguen pegados en un modelo laboral que hace décadas dejó de existir, y los representantes de los empresarios sólo parecen pensar en su autointerés.

Pensemos, entonces, en un camino intermedio, pero con un importante aliciente para el trabajador. Imaginemos un seguro de desempleo potenciado, pero además una indemnización a todo evento (salvo causales de conducta indebidas de carácter grave, obviamente). Imaginemos además que esa indemnización sea por años de servicio, pero sólo hasta el año 3. Es decir, ya sea por despido o renuncia, el trabajador recibirá igual hasta 3 meses de sueldo para su bolsillo, además de contar con una robusta protección a través de su seguro de desempleo, gracias a la que podrá vivir algunos meses sin requerir tocar ese dinero ganado. Esto permitiría dar vuelta las relaciones de poder dentro de la empresa. Ya que el trabajador sólo tendría incentivos para quedarse en los primeros 3 años, mientras se acumula su indemnización, y que pasados estos, tendría efectivamente un incentivo a renunciar, ya que recibiría dinero por hacerlo. Imaginemos el cambio laboral, cultural y de poder de llegar a tener un incentivo a renunciar. Esto llevaría a que los trabajadores tengan mucho mayor poder de negociación salarial: Si el empleador quiere mantener al trabajador en la empresa, tendría que pagarle más. Y la amenaza de renuncia en caso de no subir los salarios, sería muchísimo más creíble. Y, de no llegar a un nuevo acuerdo, se iría con lo aprendido por esos años, y estaría listo para seguir aprendiendo otras cosas diferentes en otro lugar. Eso haría que los trabajadores chilenos tengan un estado permanente de capacitación, preparación y aprendizaje que los haría a ellos, y a la economía en su conjunto, más productivos. En general, un camino como este haría que los sueldos de los trabajadores aumenten en el corto plazo debido al cambio de posición negociadora, que suban aún más en el largo plazo por el aumento de la productividad, haría que Chile sea un país menos desigual y haría a la economía en general más productiva y más rica. Que los trabajadores tengan mejores incentivos para trabajar, tengan menos enfermedades mentales, y sean en general más felices. Quienes perderían, en el corto plazo, serían los empresarios, quienes por el cambio en situación negociadora, podrían retirar menores utilidades, ya que los sueldos aumentarían su peso relativo. Pero en el largo también podrían ganar, dada la mayor productividad de la economía. problema, claro, está que no se cumpliría el abaratamiento del despido (y, por lo tanto, de la contratación). Incluso un esquema así podría encarecerlos. Pero la perspectiva de mayores sueldos y mayor productividad bien haría que una inversión estatal en este sentido podría estar más que justificada, por ejemplo, dando un par de puntos adicionales para el seguro de desempleo, o subsidiando parte de la provisión necesaria para indemnizaciones futuras, sobre todo para los sueldos más bajos. El Estado, además, tendría que establecer mecanismos administrativos para ayudar a las empresas a realizar esa provisión, para evitar quiebras en caso de la renuncia de muchos trabajadores en empresas pequeñas. Todo esto podría justificarse financieramente, no sólo gracias a la perspectiva de mejores recaudaciones futuras, sino también porque un cambio radical en la manera en que funciona el trabajo en Chile, como el que traería un camino de este tipo, podría abrir la puerta a ampliar la base tributaria y aumentar el número de trabajadores que pagan impuestos globales complementarios.

Una indemnización a todo evento, sumada a una mejora del seguro de desempleo, con el consiguiente incentivo a la renuncia, podría hacer la flexibilización laboral algo políticamente viable, y hacer a la economía entera más robusta, justa, productiva, igualitaria y potente. Pero sólo si es una flexibilización hecha con el interés de los trabajadores en el centro.

Una agenda para un nuevo liberalismo chileno

Tras la debacle política y electoral de noviembre escribí una “Autopsia al centro liberal“, donde propuse algunas de las posibles razones para el fracaso y elucubré sobre posibles direcciones para un futuro renacimiento. Es decir, sobre el fracaso del centrismo, la moderación, la tecnocracia y la gradualidad como discurso político y sobre la necesidad es articular en su lugaral liberalismo como extremo de la batalla cultural y política entre modernidad de mercado-democrática-valórica versus las fuerzas contraculturales de izquierda y derecha que se levantan para oponérsele, como hemos visto en el mundo desarrollado. Esto es, construyendo un liberalismo radical, antielitario, antiprivilegios, pro mercado y pro relaciones de igualdad entre las personas. Ahora intentaré ahondar un poco sobre qué podría implicar todo esto. Primero, con algunas direcciones político-culturales y luego, con propuestas de agenda programática para el futuro de un posible nuevo liberalismo radical. Pero, aún más que lo anterior, es un intento de propuesta de nuevo lenguaje a través del cual explicar el país, sus desafíos y su futuro. Esto no pretende ser un programa, ni mucho menos ser exhaustivo, sino sólo una primera aproximación, con no más intención que provocar a través de ideas, propuestas y lenguaje. Vamos:

Direcciones Político-Culturales:

  1. Radical: Una apuesta por los cambios fuertes, duros y atrevidos. Chile, la sociedad y sus instituciones deben acelerar su cambio para poner a las personas y sus instituciones a la altura de la velocidad del cambio de al realidad
  2. Pro relaciones de igualdad entre las personas: La libertad sólo se vive en igualdad de dignidad y trato. Emparejar la cancha entre las relaciones humanas, hacer del igual trato, la igual dignidad y la igualdad ante la ley mucho más que sólo conceptos al aire, sino los hilos con los que construyamos el tejido social del futuro. Esto implica intervenir y aplanar tanto el marco legal como las relaciones prácticas entre hombres y mujeres, entre adultos y jóvenes, entre empresarios y trabajadores, entre autoridades y ciudadanía, entre chilenos e inmigrantes, etc.
  3. Pro mercado: Apostar por el mercado como forma de crecer, y por el ciudadano-trabajador-consumidor como el principal activo. Cambio de la economía basada en las grandes empresas, la internalización de las ganancias y socialización de las externalidades, y su relación con el Estado, por una economía de personas, de internalización de externalidades, de flexibilidad, de competencia y libertad.
  4. Pro diversidad: Ir más allá de promover la tolerancia y construir espacios de igualdad ante la ley, sino defender la importancia de la diversidad en la construcción de una sociedad moderna. Son la diversidad cultural, sexual, de géneros, de nacionalidades, de orígenes, de etnias, de cultos y de identidades, las que nos abren las puertas del futuro como nación. Chile es más y mejor mientras es más diverso. La homogeneidad, la uniformidad y el nativismo deben ser enemigos culturales a derrotar.
  5. Anti privilegios: Combatir activamente los privilegios, no importa quién los ostente. En la sociedad, en las empresas, en los mercados y en el Estado. Para construir un país de personas iguales en libertad y posibilidades, quienes guardan poder para sí y en contra de los demás, deben ser combatidos, desmantelados y reemplazados.
  6. Antielitario: El liberalismo chileno clásico fue derrotado militarmente por la élite conservadora en 1830, en 1859 y finalmente en 1891, para convertirse en su genuflecta comparsa por 100 años hasta desaparecer. El liberalismo, si quiere renacer, debe liberarse de ese yugo y separarse cultural, política y simbólicamente de la élite conservadora chilena. Si esa élite no teme al liberalismo, no estamos cumpliendo nuestra labor libertadora. Que nos teman. La batalla de Lircay se sigue peleando y sobre nuestros hombros está la responsabilidad de ganarla de una buena vez.
  7. Focalizado: Privilegiar que la acción del Estado sea realizada donde más se necesita, redistribuyendo los recursos obtenidos en forma progresiva, progresivamente. Así, haciendo redistribución efectiva entregando derechos desde quienes más los necesitan hacia arriba, y construyendo capacidades y seguridad donde más son necesarias. Esto es, un Estado enfocado en los más pobres, en los más discriminados y en los más vulnerables.
  8. Con la mirada en el futuro: Lo que hacemos hoy debe ser con la mirada más puesta en el futuro que en el presente. Chile tiene grandes desafíos y gran atraso. Comencemos a mirar hacia adelante y actuar hoy en ese sentido. Atreverse sin miedo, apostar sin temer el fracaso. Es decir, emprender para experimentar y equivocarse para mejorar. Chile debe entenderse y liderarse como una startup.

Propuesta de Agenda Programática de Futuro (algunos ejemplos):

  1. Fin a la diplomacia de las balas de cobre: Reducción sostenida de los gastos militares chilenos, terminando la Ley Reservada del Cobre, con la búsqueda de un compromiso similar -aunque sea menor- de nuestros vecinos, para traspasar progresivamente recursos de las naciones cercanas desde las armas, a pensiones, educación parvularia, escolar, salud pública, desarrollo de ciencia y tecnología y fortaleciendo una nueva diplomacia activa y colaboradora, centrada en el desarrollo de nuestros vecinos y nuestra integración económica y social con ellos.
  2. Democracia líquida para darle poder a las personas: Entregar a ciudadanos la facultad de votar por cualquier ley de la república a través de plataformas digitales, tomando para sí parte proporcional del poder de representación de sus parlamentarios en el congreso cuando participen, y quitándosela a sus representantes. Esto abrirá espacios de participación vinculante en la democracia y aumentará la responsividad de los representantes ante su electorado.
  3. Reforma Procesal Civil: Poner a la justicia civil al alcance de los ciudadanos, para ser una herramienta útil y justa en las relaciones entre las personas y entre personas e instituciones con procesos cortos y orales, públicos, que emparejen la cancha entre las personas y entre personas e instituciones, facilitando la asociación entre personas para enfrentar judicialmente a organizaciones mayores, para que sea la justicia en sus relaciones, y no el peso del dinero y el privilegio, lo que defina los destinos de las personas, de sus intercambios, de sus relaciones, de la sociedad y del país.
  4. Garras y dientes para la justicia contra crímenes de cuello y corbata: Fortalecimiento de la Unidad de Delitos Complejos, dándole acceso a economistas, tributaristas y abogados de altísimo nivel. Aumento generalizado de capacidades intrusivas investigativas y en las penas para delitos de cuello y corbata, privilegiando penas de cárcel para delitos de gran alcance en monto y afectados, sobre todo aquellos que afecten los ahorros previsionales de millones de chilenos. Buscar estándar OCDE en capacidad, persecusión y castigo de delitos graves. Que nunca más una persona sea demasiado poderosa como para ir a la cárcel cuando comete un delito grave.
  5. Liberar y proteger a los trabajadores: Reemplazo de la indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento a través del fortalecimiento del seguro de desempleo. Aumentar impuesto retenido a trabajadores independientes para financiar pensiones y salud y aumentar fiscalización y penas a empresas e instituciones que operen con trabajadores sin contrato. Partiendo por el Estado de Chile.
  6. Desegregar los lugares de trabajo: Incentivo a comedores integrados en los lugares de trabajo, e impuesto al salario de ejecutivos que tengan su lugar de trabajo alejado de las principales lugares productivos asociados a su labor, como compensación al costo urbano y social que la segregación urbana provoca. Debe ser de interés público que los lugares de trabajo sean espacios de integración social y de diálogo.
  7. Comercio justo para todos: Entregar a consumidores finales el derecho legal a poder pagar en las mismas condiciones de plazo y crédito con que la empresa a la que compra un producto o servicio paga a sus proveedores, si ese plazo promedio de pago supera 1 mes. Comenzar aplicación en el retail. Así, se asegura que cualquier renta monopsónica sea captada por las personas y no por las grandes empresas, evitando que estas abusen de empresas pequeñas y medianas.
  8. Que pagar multas deje de ser negocio: Revisión generalizada de multas a empresas, personas e instituciones, con el objetivo de hacerlas relativas al tamaño, ingresos o rentabilidad de las organizaciones multadas y que nunca jamás vuelva a ser negocio violar la ley o dañar a los demás.
  9. Reducir trámites y agilizar regulaciones: Modernización del Estado enfocada en facilitarle la vida y no complicársela a las personas, primero, y luego a las empresas. Que el Estado no pida nunca más un documento emitido por el mismo Estado, y reducir tiempos de espera y de procesos para aceptar proyectos privados, sin reducir las exigencias.
  10. Ciudades como espacios inclusivos: Impuesto a proyectos inmobiliarios nuevos que capten parte relevante de la plusvalía generada por proyectos públicos o de compensación privada inaugurados en los últimos 10 años y decrecientemente hacia atrás, y financiar así proyectos de desarrollo a nivel ciudad. La inversión inmobiliaria debe ir en beneficio de todos.
  11. Fin a las AFP para impulsar la cotización individual, las pensiones dignas, sustentables y el poder de los trabajadores: Captación y administración de pensiones por institución única, pública e independiente, y licitaciones de carteras de inversión bajo criterios definidos por una Comisión Nacional de Inversión Nacional com amplia participación de trabajadores, donde el objetivo sea utilizar el poder económico de los ahorros previsionales para mejorar las pensiones de los trabajadores en todas sus dimensiones: rentabilidad de los fondos, mejora en salarios de los trabajadores, mejora en empleabilidad, disminución de lagunas previsionales, etc. Es decir, poner ese enorme poder económico al servicio de los trabajadores de Chile y sacárselo de las manos a las élites económicas que lo han controlado para su beneficio. Todo esto, junto con aumentar edad de jubilación, equiparar edades de jubilación de hombres y mujeres, eliminar desventaja de mujeres en pensiones con subsidio cruzado si es necesario y seguir aumentando más allá del 15% de cotización, hasta llegar a la misma velocidad al 20% de los salarios.
  12. Fin a la discriminación en colegios privados: Sacar los procesos de selección del control de los colegios privados e instalar sistema independiente similar a los públicos. Colegios podrán publicar su proyecto educativo y su cobro mensual y padres serán quienes tomen decisión. Si hay sobredemanda, sistema independiente seleccionará quiénes entran y quiénes no, incluso al azar. Esto llevará a mejorar la pésima calidad educacional que recibe la élite, a que sus colegios se comporten más como mercado, a aumentar el poder de elección de los padres y disminuir el poder discriminador de colegios. Pero, sobre todo, a desarticular las tribus culturales y segregadoras que alejan, aíslan y alienan a la élite del resto de Chile, dañando de paso al país entero. Élites más heterogéneas son necesarias para Chile.
  13. Financiamiento estudiantil justo para todos, sobretodo para quienes no pueden o pudieron estudiar: Estudios superiores deben ser financiados públicamente en su aporte público y privadamente en su aporte privado. Ello implica un subsidio, no un regalo de todo el pueblo de Chile a los universitarios. Financiamiento mediante crédito blando contingente al ingreso o impuesto a egresados. Hacer independiente la educación de la condición económica de las familias. Ello implica subsidiar gastos vitales con aportes en efectivo a estudiantes de menores recursos y hacer que el financiamiento mediante crédito público sea obligatorio para todos. Es decir, tal como jóvenes de familias de escasos recursos no se verán perjudicados, jóvenes de familias de altos recursos no se pueden ver beneficiados. Ellos deberán pagar también el crédito. Recursos liberados irán a Sename, pensiones, educación inicial, educación escolar y ciencia y tecnología.
  14. Ciencia y Tecnología como eje país: Subsidio tributario relevante a empresas que inviertan sobre cierto porcentaje de sus ingresos o de sus utilidades (lo que sea mayor) en Investigación y Desarrollo al alero de una Universidad o Centro de Investigación acreditado. Impuesto adicional a empresas grandes que inviertan menos de la mitad de eso en Investigación y Desarrollo al alero de Universidad o Centro de Investigación. Chile necesita que sus grandes empresas hagan investigación y desarrollo. Si no tienen la voluntad o el carácter para hacerlo, tendremos otras grandes empresas, con dueños diferentes. Toda una generación de emprendedores está esperando su turno. No más excusas.
  15. Ciudades Solares: Sistema masivo y agresivo de créditos con aval del Estado abiertos para la inversión de la clase media, para instalaciones solares domiciliarias con baterías a través de empresas instaladoras acreditadas. Así, pago inicial de familias es mínimo, ahorro mediante porcentaje de la electricidad ahorrada e inyectada a la red va a pagar en 10 años ese crédito, e impulsamos energía distribuida domiciliaria, industria solar y, ojalá, industria de baterías local asociada a nuestro norte. Chile es la capital del litio y tiene los mejores cielos solares del mundo. Debemos ser capital tecnológica y de desarrollo de energías renovables, de baterías y de industrias asociadas. Y llevar esto a los hogares de todo Chile.

Defendamos el ahorro individual, no las AFP

Una enorme movilización ciudadana encendió los ánimos para una reforma profunda y presionó al sistema político a dar rápida respuesta. Complejo, puesto que los slogans propuestos representaban políticas públicas injustificadas técnicamente y dañinas socialmente. El gobierno respondió con una serie de propuestas que dejaron muy satisfechos a sus pocos adherentes, por lo responsables y serias. Pero fueron recibidas con indiferencia por la población, la que no vio respondidas las demandas y frustraciones inherentes a las banderas que levantaban. Pero la movilización continuó y la siguiente marcha sería la más multitudinaria. Esto pasó el 2011 y está pasando ahora. La historia entonces siguió un derrotero que bien puede ser repetido: los slogans (más que las demandas y frustraciones, que nunca se entendieron bien) pasaron a ser parte central de la futura campaña presidencial, donde la candidatura que sería ganadora terminó abrazándolos y luego intentando transformarlos en política pública, con el resultado que todos conocemos.

La razón del triunfo del fin del lucro y la gratuidad en educación, fue que sus proponentes nunca se enfrentaron a un relato consistente y contrastante. La única respuesta fue un “no”. La carga emocional de ese “no” fue una combinación fatal: era estar de lado de quienes se habían hecho millonarios con la educación de mala calidad, de quienes habían corrompido a reguladores para acreditar instituciones y carreras que no cumplían ningún estándar, de quienes violaban la ley lucrando con la educación superior, siendo increíblemente uno de ellos el mismísimo ministro de educación. La discusión se convirtió en una de dos bandos, donde para la ciudadanía estaba clarísimo quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Eso terminó decidiendo una presidencial, entregándole a la ganadora un mandato político de poder incontrarrestable (al menos inicialmente) y condenar al país a malas políticas públicas. Estamos ad portas de repetir la historia. Tenemos dos bandos, y uno de ellos ganará en la próxima presidencial. Si es el bando de “No más AFPs”, bien podremos terminar con un sistema de reparto destructivo para nuestro futuro y nuestras pensiones. Si es el bando de “AFPs con maquillaje”, simplemente pospondremos la inevitable y destructiva reforma, a menos que sean capaces de relegitimar en los años siguientes un sistema de pensiones que la ciudadanía pasó de no entender a desconfiar completamente, gracias en no poca medida a sus propias instituciones y protagonistas. Para evitar el desastre, debemos ser capaces de entender mejor las emociones, frustraciones y desconfianzas que impulsan la demanda ciudadana, para construir una salida a la trampa argumental de los “dos bandos” que terminará con uno de ellos como el casi seguro ganador, y con todo el país como perdedor. Debemos estar dispuestos a sacrificar lo secundario, como las AFP, para no sólo rescatar, sino aprovechar la oportunidad de potenciar lo fundamental: el ahorro individual. Me explico.

Continue reading →

Con los fondos de pensiones podemos cambiar Chile

Estamos lejos de tener un sistema de pensiones adecuado o que goce de legitimidad ciudadana. Las duras verdades son: las pensiones en Chile son bajas por acción en dictadura y omisión en democracia. Son bajas porque los sueldos en Chile son bajos. Son bajas porque el dinero que mensualmente sumamos a esas pensiones es poco. Son bajas porque el mercado laboral chileno tiene demasiada informalidad. Son bajas por la baja participación laboral de nuestra población. Y si nos pasáramos a un sistema de reparto, que no solucionaría ninguna de las razones anteriores y que implicaría expropiar los ahorros de las familias chilenas y perjudicar a nuestros hijos y nietos, las pensiones serán tarde o temprano aún más bajas. Pero en esos ahorros tal vez está la llave para tener no sólo pensiones más dignas, sino que hacer de Chile un país más justo y más desarrollado. Va la explicación y la propuesta:

Ya sea por voluntarismo, incompetencia o cobardía, el actual sistema previsional partió con parámetros que asegurarían bajas pensiones, particularmente el bajísimo porcentaje de los sueldos que va a cotización previsional. Se habla mucho que los actuales malos resultados son por razones demográficas y no de diseño, pero nadie puede argumentar que el aumento en la expectativa de vida, la baja formalidad, continuidad y participación laborales fueran una sorpresa, ya que eran las características con las que Chile llevaba viviendo por décadas. Quienes diseñaron las AFPs y quienes por décadas vieron el problema venir y escogieron no hacer nada por la dificultad política de las reformas necesarias, debieran retirarse de la discusión pública avergonzados, o recibir el merecido desprecio ciudadano por una labor pésimamente hecha que le causó grandes daños a Chile que hoy debemos enfrentar a mucho mayor costo que si se hubiera hecho a tiempo.

Continue reading →