Corrigiendo inconsistencias en oposición a la gratuidad universitaria

El sentido de justicia de la gratuidad universitaria volverá a ser parte de la conversación nacional de la mano de la intentona de freno o incluso retroceso que traerá el más probable futuro presidente de Chile (al menos por ahora). Los promotores de la gratuidad han dicho por años, y lo siguen diciendo, que es un derecho social. Que por ello no debe depender de los ingresos familiares, y debe ser para todos. Que es un acto de justicia que hace a una mejor sociedad. Y en conectar con ese sentido de justicia, han sido muy efectivos para construir firmes cimientos emocionales en buena parte de la población a favor de la gratuidad, como punta de lanza del cambio de las políticas públicas desde la focalización hacia los derechos garantizados. Por ello, la discusión sobre gratuidad es sobre muchas cosas más que sólo la gratuidad, y es clave para la construcción del Chile del futuro.

De los argumentos contrarios a la gratuidad hay varias familias: la que ha tenido más éxito ha sido la de “los ricos no”, que es la que acepta la gratuidad para un porcentaje de la población, pero la niega para aquellos chilenos de mayores recursos. Es decir, hace el caso moral de que el aporte de los más pobres para pagar la educación de quienes son más ricos, sería injusto. Esto conecta con el sentido común de muchos. Es la defendida por Piñera e, incluso, intuitivamente por Bachelet cuando se bajó del avión en marzo del 2013, antes que la aleccionaran sobre la inconveniencia de lo que le decía su sentido común. Pero la discusión termina siendo sobre números: ¿cuánto es justo? ¿40%, 60%?. Cualquier frontera será siempre arbitraria, y como tal, es un mal dique para el potente argumento moral y de justicia de la gratuidad como derecho.

Otra familia es la estrictamente utilitarista, de “me gustaría, pero las prioridades son otras” que si bien puede tener sentido para las personas que buscan responsabilidad fiscal, es una aceptada derrota en el plano de las ideas. El tema no sería si la gratuidad universitaria es buena o mala, sino que cuándo sería su momento, ya que se asume buena, pero también se asumen otras cosas como aún mejores. Un proponente de ella es Felipe Kast, según su presentación en el programa “Aquí está Chile” de Chilevisión/CNN. Es útil, ya que enfrenta a los proponentes de la educación universitaria como derecho, a la dura realidad de la priorización fiscal, obligándolos a escoger entre financiar universidades para quienes podrían pagarla con un crédito, por sobre pensionados que viven con una miseria, o enfermos crónicos en listas de espera, o niños en el Sename con su vida en riesgo. Pero, si pone en vergüenza temporalmente a promotores de la gratuidad, es una derrota en la cancha de las ideas que permite dejar la cancha limpia para construir los cimientos de la política pública universalista, sin oposición. El tema ya no sería moral ni de justicia, sino de nivel impositivo.

Una última familia, ya casi desaparecida, es la del beneficio privado de la educación. Esto es, que la educación universitaria tiene un importante componente que beneficiará los ingresos futuros, por lo que sería, al menos en parte, una inversión para el propio beneficio del estudiante. Esto, además de un componente de beneficio público, donde todos nos beneficiamos con tener más profesionales y por lo tanto es justo que parte de esa educación se financie con fondos generales entregados por todos. Parte, pero no todo. La respuesta ante esta familia ha sido compleja y llena de deshonestidades, al descartar el beneficio privado y enfocar la perspectiva de derechos sólo al beneficio público. Además, centrar el significado de la educación en algo sólo monetario o de beneficios, es incompleto y difícilmente entusiasme a muchos. Finalmente, fue poco efectiva al entregar visiones “a medias” en la discusión bipolar que terminó por arrollarla: la de derechos vs educación de mercado, que asumía una elección entre educarse para tener sólo beneficios privados (Piñera 2011) versus una de derechos con beneficios públicos. Ambos extremos, claramente, deshonestos.

La alternativa a la gratuidad siempre han sido los créditos. Pero en general han sido considerados por los detractores de la gratuidad como una “alternativa aceptable y eficiente” ante la injusticia de la gratuidad que buscan demostrar. Hasta ahora, no se ha hecho exitosamente un caso moral por los créditos. No basta con decir que el otro camino es malo para convencer al resto de cambiar de rumbo. También hay que mostrar las ventajas del camino propuesto, y mientras esas ventajas sólo se muestren desde una perspectiva economicista y no moral y de justicia, tu propuesta tendrá pocas oportunidades de competir contra una alternativa que es esencialmente moral y de justicia.

La oposición a la gratuidad, además, tiene graves inconsistencias que debilitan sus posiciones y la impiden tomar posiciones morales o de justicia más firmes.

Una importante, es el caso de los estudios de posgrados a través, por ejemplo, de Becas Chile. Es difícil hacer un caso moral potente en contra de la gratuidad universitaria, en particular desde la élite, cuando la misma gratuidad existe, enchulada, para el posgrado: Son montos mucho mayores por beneficiado, que van más allá de la matrícula, incorporando en muchos casos costos de vida, y en la práctica destinada mucho más focalizadamente hacia la élite, que la gratuidad. Algunos recordarán la obligación de pagar el posgrado con trabajo universitario o público en Chile por un breve número de años, pero el costo privado de ese “sacrificio” es ínfimo al lado del mayor aporte que la sociedad hace a ese profesional en sus estudios de magíster o doctorado, versus el que realiza a un universitario a través de la gratuidad. Es cierto, el posgrado es diferente que el pregrado. Chile necesita posgrados y muchas veces son imposibles de pagar individualmente. Además, en particular los doctorados suelen ser muy poco rentables en términos privados, por lo que el financiamiento público es necesario para su existencia. Pero, la frontera arbitraria que separa a los pregrados de los posgrados no logra justificar que en unos la gratuidad sea indeseable mientras que en los otros sea necesaria e indiscutible. Al menos no como para hacer un argumento moral potente en contra de la gratuidad universitaria. Y ante esto, se pierde buena parte de la credibilidad cuando ese argumento se intenta construir.

Otra inconsistencia, es la dificultad para construir un caso moral hacia los créditos como forma superior de financiamiento, cuando la élite nunca ha propuesto utilizarlos ellos mismos como reemplazo al financiamiento de la educación por parte de sus padres, que consideran también un derecho. Así, quienes desde la élite defienden la alternativa de los créditos terminan siendo como José Ramón Valente o Sebastián Piñera cuando destacan las ventajas del sistema de AFP, mientras reconocen que ellos mismos no las utilizan. Efectivamente, es injusto “condenar” a gran parte de la población a usar parte de su sueldo en pagar una universidad mientras los que nacieron con más suerte pueden contar con todo su sueldo. Si bien ese escenario es más eficiente socialmente que la gratuidad, en las discusiones políticas y de persuasión electoral, la justicia le gana a la eficiencia en cualquier contexto y en todo escenario.

Entonces, ¿cómo construir una oposición a la gratuidad que resuelva sus inconsistencias para hacer un caso moral y de justicia?

Primero, con una nueva familia de argumentos contrarios a la gratuidad: la de justicia intergeneracional. Una que logre separar de manera efectiva y consistente la situación económica familiar del pago universitario de los jóvenes. El argumento iría así: “La gratuidad universitaria universal no es injusta sólo en algunos casos donde la recibirían quienes no la necesitan, sino que es injusta en todos los casos porque siempre la recibirá una persona que será un profesional universitario que, como tal, estará en mejores condiciones de pagar esa universidad que la mayoría de los chilenos. El crédito, entonces, es el camino más justo para todos, ya que permite que todos quienes puedan académicamente acceder a estudios superiores, puedan estudiar independiente de los ingresos de sus familias, permitiendo en su pago el estudio de las generaciones futuras, financiadas por quienes hoy y ayer hemos sido privilegiados con una educación universitaria”. Pero para hacerlo consistente, hay que desconectar completamente a las familias del pago universitario, eliminando los “remanentes” del arancel de referencia que hoy siguen a su cargo. Y para hacerlo justo, esa desconexión debe ser universal. El crédito debe ser para todos, sin importar si la familia puede pagar la universidad o no. Porque si se esgrime el crédito como forma de justicia para evitar ser perjudicado por las condiciones de origen, sólo tiene credibilidad meritocrática si se usa también para evitar ser beneficiado por sobre el resto por las condiciones de origen. Sólo se puede hacer el argumento de justicia intergeneracional si vale para todos. Es cierto, algunas familias podrán igualmente ayudar a sus hijos con las cuotas de los créditos luego de egresados, pero profesionales de élite de 30 o 35 años recibiendo mesadas de sus padres ya no es un tema de justicia, sino uno de dignidad. Serían la excepción.

Además, en la misma discusión habría que incorporar a los estudiantes de posgrado. Ya no con una línea arbitraria que divida ambas categorías de estudio, una con gratuidad y otra sin, sino que con honestos argumentos sobre beneficios sociales y privados, que lleven a diferentes porcentajes de los estudios que el Estado debiera pagar, según carrera y nivel, dejando lo demás para devolver a través de crédito y/o trabajo. Así, un estudiante de doctorado científico, con baja rentabilidad privada de sus estudios, sería ayudado tanto como un buen estudiante de arte de pregrado, por las mismas razones: su aporte social será mucho mayor a su ganancia privada. Estudios de magíster con alta rentabilidad privada, por ejemplo, debieran tener un alto nivel de copago de sus estudios y/o un régimen bastante más exigente de devolución de su trabajo hacia la sociedad que el que existe hoy, el que podría también ser considerado para profesionales de pregrado como forma de devolver la deuda de sus estudios.

Para hacer un caso moral y de justicia efectivo, la élite debe estar dispuesta a sacrificar algunos de los elementos que actualmente los benefician en el régimen presente de financiamiento educacional. Sin ese sacrificio, sus argumentos podrán ser fácilmente descartados como un desesperado intento para preservar sus actuales ventajas y beneficios. Sólo con ese sacrificio, podrán convencer de la honestidad de sus intenciones en hacer un caso moral y de justicia para todos, donde todos pierden algo para todos ganar mucho más. La meritocracia real no sólo abre puertas, sino también clausura ventajas. No existe meritocracia real sin dolor para las élites.

Un caso moral y de justicia intergeneracional como este (puede haber otros) que se preocupe de su autoconsistencia, no necesariamente asegurará un triunfo por sobre el fácil caso de la gratuidad y de la universidad como derecho, pero al menos le prestaría batalla en un plano relativamente parejo, y no sería la arrolladora masacre ideológica en cancha dispareja que hemos visto los últimos años.

La clasista crítica al CAE

Con la vuelta de Lagos a la política contingente, se han redoblado la fuerza a las críticas al aún vigente Crédito con Aval del Estado que como presidente firmó en ley el 2005. Muchas de ellas tienen gran urgencia: como país debiéramos hacer mucho más y mejor que condenar a miles de estudiantes a deudas de altos intereses como única opción para cursar sus estudios. Se han presentado mejoras sustantivas al sistema de créditos, como el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera que quitaba la administración de estos de los bancos y la pasaba al Estado, limitando las cifras a pagar a un porcentaje del sueldo de cada persona y asumiendo que si este sueldo era muy bajo, no se pagaba nada. Pero, lamentablemente, esquemas de ese tipo requieren recursos del Estado que hoy han sido absorbidos completamente por el énfasis en torno a la gratuidad que hoy beneficia a una porción de los estudiantes de Chile. El proyecto duerme el sueño de los justos en el congreso y el gobierno de Bachelet no ha movido un dedo para mejorar los créditos estudiantiles.

La lógica política pareciera ser que cualquier mejora al sistema de créditos va en un sentido diferente al objetivo de la educación superior gratis para todos y, por lo tanto, no es prioridad. Una lástima condenar así a tantos miles de profesionales y actuales y futuros estudiantes a peores condiciones que las que ofrecemos como país.

Pero la crítica necesaria a lo que hoy tenemos se transforma en otra cosa cuando se afirma retroactivamente que el CAE fue negativo para Chile. Y esa convicción, que se ha tomado la opinión pública como fuego en pradera de pasto seco, está profundamente equivocada. Aquí se ocultan desde desconocimiento histórico básico, hasta un enferborizado clasismo.

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Argumento liberal para intervenir la educación escolar privada

Han sido noticia las crecientes e incluso denigrantes preguntas y exigencias que colegios privados hacen a padres para que sus niños puedan entrar a estudiar en ellos (La Segunda). Parroquias de asistencia, tamaño de la cuenta corriente, colegios de los padres, empresa y cargo donde trabajan, hasta ¡fotos familiares!, todo como parte de procesos opacos, con mecanismos de decisión desconocidos y donde los padres quedan a merced de cualquier arbitraria razón que los dueños de colegios esgriman para aceptarlos o rechazarlos. Algunas de tales cosas ya son ilegales en la búsqueda de trabajo y muchas son desde mal vistas, incluso inaceptables en un país desarrollado. Pero esto no es sólo incivilizado sino, argumentaré, también profundamente dañino en perspectivas educativas, de mercado y de derechos.

En esta columna exploraré tres dimensiones de razones que justifican -cada una por sí sola-, la necesidad de intervenir los procesos de selección de los colegios privados, incluso sacándolos completamente de sus manos. Todo esto, asumiendo y desafiando lo contra-intuitivo de la idea de que lo liberal, en este caso, es intervenir la educación privada.

Antes, hay que sostener la legitimidad de la intervención en sí. Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué el Estado debiera intervenir? Estamos rodeados de ejemplos que justifican la intervención en algunos casos donde la interacción entre los privados genera resultados ineficientes, dañinos o mejorables. La licitación de cartera en las AFP o la portabilidad numérica en la telefonía celular son excelentes y recientes ejemplos sobre cómo se pueden hacer mercados más competitivos, más eficientes y más justos con regulaciones correctas. En ambos casos y muchos otros, fue legítimo, moral y necesario intervenir. En esto, el mercado educativo no debiera ser especial. Entonces: ¿El mercado de la educación privada requiere nuevas regulaciones para hacerlo mejor? Exploremos.

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